Mi derecho a las drogas

Hoy es el día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Entendimos conveniente dedicarle algunas líneas, ya que es necesario cuestionar estos eventos. Que sea internacional o que este legislado no quiere decir que algo sea verdad.

Por “Droga” entendemos una sustancia que posee efectos psicoactivos. Generalmente se usa el término para aludir a las drogas ilegales (el alcohol también es una sustancia con efectos psicoactivos, por ejemplo). La delgada línea que divide a las drogas de las demás sustancias es una ley, es decir, la palabra de 329 legisladores (cuanto menos, cuestionable).

Cabe aclarar que los próximos párrafos no son una invitación a consumir drogas, sino a despenalizar el consumo. Por eso, vamos a analizarlo desde varios enfoques:

La adicción

Suele confundirse “adicción” con “consumo” y “drogas ilegales”.  Una adicción, por su etimología, significa que el individuo no puede pronunciarse en contra de algo (A-dicción, sin-decir); es un estado de dependencia o necesidad. No todos los consumidores son adictos, pueden consumir por infinidad de motivos. Además, no hay relación alguna entre la ilegalidad y la adicción. Una persona puede ser adicta al juego o a la pornografía y son perfectamente legales.  

Existen personas mas propensas a caer en una adicción que otras, pero eso no justificaría una legislación para la población entera. En todo caso, un adicto necesita ir a rehabilitación y no a prisión.

Aspectos económicos

Dijo Milton Friedman (Premio Nobel de Economía):

“El contrabando, los mercados negros, las transacciones ilegales de todo tipo están tan extendidos como los impuestos, y minan todo respeto hacia la ley, aunque llevan a cabo un valioso servicio social al compensar en alguna medida la rigidez de la planificación central, y hacen posible la satisfacción de necesidades urgentes” (Friedman, pág. 95).

Lo que el autor intenta señalar es que si una ley impide un intercambio que los particulares quieren realizar, estos no tendrán mas remedio que hacerlo por fuera de la ley. Como resultado, todo aquel que quiera drogarse esta obligado a convertirse en un delincuente. Por último, la ley pierde importancia frente a los habitantes de una comunidad. Este fenómeno afecta a todas las leyes y no solo a la que prohíbe el intercambio.

También hay que tener en cuenta que estos individuos que realizan sus intercambios al margen de la ley pueden tener conflictos y deben resolverlos. En un mercado legal, los participantes resuelven sus disputas con abogados, cortes y mediante la arbitración. En un mercado ilegal, no pueden usar este método y recurren a la violencia (Alvarez, pág. 144). Esta es la causa de que se asocie a las drogas con la violencia.

Otra cuestión relevante es la prima por riesgo, o sea, una recompensa monetaria por los peligros asumidos. La cruzada contra la droga es de tal envergadura que el riesgo es grande y, consecuentemente, los márgenes operativos son enormes: en algunos casos de hasta el 2000% (Benegas Lynch (h), pág. 75). Con semejantes ganancias es de esperar que la producción aumente, que haya incentivos para adquirir nuevos consumidores y que quede algún vuelto para sobornar a las autoridades de turno.

Por su parte, los consumidores, siempre buscaran una mayor utilidad a un menor costo. Es entonces cuando aparecen productos mas potentes por igual o menor precio. Aparecen nuevas drogas mas peligrosas, las que existen se vuelven más dañinas y se incrementa el necrosamiento de neuronas. No muy distinto fue lo ocurrido en el caso de la Ley Seca, en Estados Unidos. Un símbolo de la derrota es el hecho de que Elliot Ness festejara el fin de la guerra con un trago (Benegas Lynch (h), 1999, pág. 79).

La cuestión penal

Es, probablemente, el eje central del debate. En lo tocante a la legislación, y en el caso de Argentina, existe una fuente que pocas veces se tiene en cuenta: La Constitución Nacional. Es ella lo que fundamenta todo el ordenamiento. El articulo 19 dice:

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.

En otras palabras, para que algo este prohibido es necesario que lastime a alguien. El estado no puede penarme cuando me lastimo solo, porque me estaría imponiendo una moral. El estado es moral cuando me permite la inmoralidad.

Aun más, creemos que el discurso de los médicos es incompatible con los actos de gobierno. Es decir, la medicina tiende a proponer medidas autoritarias. Veámoslo de la siguiente manera, hay al menos dos formas en que el discurso estrictamente médico puede participar:

-          Enfoque terapéutico: es todo lo vinculado a la protección del propio cuerpo. En última instancia, la decisión de cuidar el cuerpo le corresponde al dueño de este, y no al gobierno.

-          Enfoque auxiliar: también puede aportar sus conocimientos para colaborar con otras diciplinas, como lo es el derecho penal. Esto ya ocurrió con la Escuela de Positivismo Criminológico. Estos médicos explicaban la criminalidad a partir de características físicas. Juzgaban a la gente por lo que es y no por lo que hace. Nada más autoritario que eso.

También suele decirse que las drogas ponen agresivos a los jóvenes y salen a robar o a matar. Lo que habitualmente se pasa por alto es que el robo y el homicidio ya son delitos. Usar este argumento implica también castigar a quienes consumen sin robar ni matar. Es, nuevamente, castigarlos por lo que son.

Tampoco creemos conveniente la sustitución de la pena de prisión por tratamientos terapéuticos. Para quien no quiere ser tratado, es exactamente lo mismo que la cárcel (el castigo es la perdida de libertad). Además, se estaría faltando al principio de legalidad[1] ya que la pena terminaría, no cuando lo dice la ley, sino cuando el paciente este recuperado (lo cual puede llevar años).

Es un tema moral

La última cuestión es: ¿Esta bien decirle a alguien cómo debe manejar su propia vida? Y suponiendo que la respuesta sea “Si”, ¿Estaría bien obligar a otra persona a manejar su vida de la manera que yo creo correcta? En definitiva, es lo intenta hacerse con las leyes que penan el consumo. La mayoría de los legisladores coincidieron en que drogarse estaba mal y que había que obligar a la gente a compartir esa idea.

El adicto es víctima de la adicción, ya tiene suficientes problemas como para sumarle el peso de la ley. Eventualmente podemos acompañar, aconsejar, ayudar, pero nunca obligar. Para sustentar esta posibilidad es necesario partir de la premisa de que la gente es propiedad del gobierno. Nada más totalitario que eso.

Una propuesta tímida

Creemos haber dejado en claro que castigar el consumo de drogas es contraproducente. En muchas ocasiones los resultados son peores a la situación inicial que se intento mejorar. Por eso, nuestra propuesta, es la despenalización del consumo de todas las drogas. Despenalizar la marihuana sola no tiene sentido, los motivos expuestos corren para cualquier sustancia. Además, el cannabis ya perdió atractivo para el narcotráfico, por motivos como la potencia y la tolerancia de la sociedad hacia su consumo.

Nuestro gobierno gasta inmensas cantidades de dinero en perseguir y castigar el narcotráfico, detenciones, procesos, etc. ¿Por qué deberíamos tolerar eso? Si nuestros dirigentes quieren luchar contra la droga deberían ponerle impuestos y regulaciones, como hacen con el resto de los negocios (Pin, pág. 74). Todo ese dinero sería muy útil en este contexto de excepción que implica una pandemia.

Si los políticos tienen interés en que el precio de la droga siga siendo elevado, debe ser por otros motivos…

Bibliografía

Alvarez, G. (2019). Como Hablar con un Conservador. Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Editorial Paidós.

Benegas Lynch (h), A. (1999). Las Oligarquias Reinantes. Editorial Atlantida.

Friedman, M. (1980). Libertad de Elegir. Nueva York: Hyspamerica Ediciones.

Pin, M. (2020). Hagamos que valga la pena. 64-75. Obtenido de Revista Ama-gi: https://studentsforliberty.org/eslibertad/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/2st-Issue-Enero2020-Ama-GI.pdf

 

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[1] El Principio de Legalidad en derecho penal exige que para que un hecho sea punible, la ley debe ser anterior. Además, debe precisar la conducta que será castigada y la pena que debe recibir.